El déficit de cuenta corriente de Argentina ha encendido señales de alerta entre economistas y analistas, quienes advierten que el desequilibrio externo podría alcanzar los USD 14.000 millones en 2025, equivalente al 2% del PBI. Este saldo negativo, que en el primer trimestre ya sumó USD 5.200 millones, supera ampliamente las proyecciones iniciales y pone presión sobre las reservas internacionales y la capacidad de financiamiento del país.

Según informes del IERAL y consultoras privadas, el Gobierno apuesta a que un resultado electoral favorable en los próximos meses permita reducir el riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento externo, necesario para cubrir tanto el déficit como los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027. Sin embargo, los analistas advierten que este escenario ideal podría no concretarse y recomiendan preparar un "Plan B" que contemple un mayor ajuste fiscal para evitar que la inversión sea la variable de ajuste en caso de que el riesgo país no baje.

El deterioro de la cuenta corriente se explica, en parte, por el aumento del consumo privado, la recuperación de la inversión y el repunte del turismo emisivo, factores que han incrementado la demanda de divisas. A esto se suma la apreciación del peso y la falta de reacción en la inversión extranjera directa, lo que agrava el desequilibrio. El Gobierno ha optado por mantener el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, una estrategia que, según economistas como Alejandro López Mieres, genera efectos colaterales graves y obliga a recurrir al endeudamiento como principal fuente de ingreso de dólares.

En comparación con 2018, el déficit actual es menor, pero la situación es más delicada debido al bajo nivel de reservas del Banco Central y la limitada entrada de capitales financieros. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la economía argentina es sólida y que el Banco Central cuenta con activos robustos, aunque reconoce la posibilidad de episodios de volatilidad en los mercados.

De cara al futuro, los analistas coinciden en que la sostenibilidad macroeconómica dependerá de la capacidad del Gobierno para reducir el déficit externo, atraer inversión extranjera directa y mantener la estabilidad financiera, especialmente si el respaldo político tras las elecciones no es suficiente para convencer a los mercados internacionales.