El gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo de corrupción que involucra al PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Según múltiples denuncias, el organismo ha sido utilizado para designaciones políticas, desvío de fondos y prácticas irregulares que contradicen las promesas de campaña del presidente.

En la provincia de Buenos Aires, más de 80 cargos jerárquicos del PAMI fueron ocupados por familiares, aliados políticos y ex candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Estas designaciones han sido criticadas por su carácter político y por incluir a personas sin experiencia en el sector de la salud. Además, se reportaron casos de funcionarios que fueron presionados para entregar un porcentaje de sus salarios, entre el 5% y el 25%, para financiar actividades partidarias de LLA.

Una de las denuncias más graves proviene de Viviana Aguirre, exdirectora del PAMI en La Plata, quien afirmó que fue despedida tras negarse a participar en actos de corrupción. Aguirre también reveló que aportó 15 millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial de Milei. En declaraciones a los medios, expresó su desilusión con el gobierno y su promesa de "terminar con la casta".

El escándalo también incluye irregularidades en licitaciones, como la compra de pañales para adultos por 460 millones de dólares, que habría sido adjudicada con sobreprecios. En respuesta, el gobierno anunció una auditoría interna y un nuevo esquema de distribución de pañales a domicilio, con el objetivo de reducir costos.

El PAMI, que maneja un presupuesto anual de 5 billones de pesos, es una de las instituciones más importantes para los jubilados en Argentina. Sin embargo, las denuncias de corrupción han generado tensiones internas en LLA y críticas de la oposición, que ha solicitado la comparecencia de altos funcionarios en el Congreso.

Desde el oficialismo, se niega cualquier responsabilidad en los hechos, argumentando que las denuncias deben ser investigadas por la Justicia. "No tenemos absolutamente nada que ver", declaró el vocero presidencial Manuel Adorni. Sin embargo, analistas advierten que estas irregularidades podrían afectar la credibilidad del gobierno y su discurso contra "la casta política".

El caso ha puesto en el centro del debate el manejo de los recursos públicos y la transparencia en la administración estatal, temas que serán clave en el futuro político del gobierno de Milei.