El Gobierno argentino completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, adjudicando la operación y mantenimiento del principal corredor logístico del país al consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. La concesión, que se extenderá por 25 años, fue oficializada tras un proceso licitatorio auditado por la UNCTAD y sin impugnaciones formales, según informaron fuentes oficiales.

La Hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y conecta a cinco países sudamericanos, será gestionada bajo un esquema de inversión privada que promete reducir los costos logísticos en un 13,5% y modernizar la infraestructura con tecnología de última generación. El contrato prevé obras para alcanzar una profundidad de 40 pies, facilitando la operación de buques de mayor porte y mejorando la competitividad de los puertos argentinos.

El proyecto, que generará más de 600 empleos directos e indirectos, recibió el respaldo de cámaras empresariales como CIARA, CEC, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Unión Industrial Argentina, así como de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. "Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad", afirmó Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, mientras que Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, destacó la apuesta por la innovación tecnológica y la sustentabilidad ambiental.

No obstante, el proceso no estuvo exento de polémica. Hubo cuestionamientos sobre la transparencia y la competencia efectiva en la licitación, especialmente tras denuncias de supuestos sesgos y advertencias de actores internacionales. El Gobierno defendió la legalidad y transparencia del proceso, subrayando la supervisión internacional y la ausencia de impugnaciones.

La privatización de la Hidrovía representa la mayor licitación del gobierno de Javier Milei y un caso testigo de su modelo de infraestructura, basado en la inversión privada y la salida del Estado de la operación directa. El desafío ahora será garantizar el control estatal sobre el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, en una vía navegable que resulta estratégica para la economía argentina y la región.