La Justicia argentina llevó a cabo este jueves 25 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se realizaron en oficinas de la agencia, droguerías y domicilios particulares, con el objetivo de recolectar documentación, dispositivos electrónicos y dinero vinculado a la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad.

La investigación se centra en la posible existencia de sobreprecios y pagos indebidos en la adquisición de medicamentos, en un esquema que habría involucrado a funcionarios públicos y proveedores, principalmente la droguería Suizo Argentina SA, que concentra el 22% de las compras del programa Incluir Salud. Según fuentes judiciales, el monto bajo sospecha supera los 55.000 millones de pesos y abarca más de 600 contratos analizados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El caso tomó relevancia tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en los que se describía un sistema de sobornos que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo "Lule" Menem. La denuncia fue presentada por Gregorio Dalbón y los audios fueron validados por el juez Casanello, pese a los cuestionamientos de la defensa, que alegó manipulación y uso de inteligencia artificial.

Durante los allanamientos anteriores, los investigadores incautaron sumas millonarias y registros de acceso a barrios privados, además de correos laborales y servidores de la droguería Suizo Argentina. La causa, que abarca el período de diciembre de 2023 a agosto de 2025, se desarrolla bajo secreto de sumario y busca identificar a los responsables del presunto perjuicio patrimonial al Estado y a los beneficiarios de las políticas públicas de discapacidad.

El escándalo ha generado repercusiones políticas, con la Cámara de Diputados aprobando pedidos de interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones. La oposición exige explicaciones sobre el presunto circuito de sobornos y el impacto en la gestión de medicamentos para personas con discapacidad. Mientras tanto, la Justicia continúa con las medidas de prueba y el análisis de contratos, en una causa que sigue en pleno desarrollo y podría tener implicaciones significativas para el gobierno nacional.