El 16 de mayo de 2025, Rosario se convirtió en la primera ciudad de Argentina en implementar la Ley Antimafia, una normativa diseñada para combatir el crimen organizado. La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que esta iniciativa es parte del "Plan Bandera" y representa un avance significativo en la política criminal del país.

La Ley Antimafia, promulgada en marzo de 2025, permite declarar zonas como "sujetas a investigación especial", otorgando herramientas adicionales a las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal. Estas incluyen la posibilidad de realizar intervenciones digitales, allanamientos masivos y detenciones preventivas de hasta 15 días en casos de delincuencia transnacional. Además, endurece las penas para los miembros de organizaciones criminales, con condenas que van de 8 a 20 años, y elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la organización.

Rosario fue seleccionada como la primera ciudad para implementar esta ley debido a su historial de violencia vinculada al narcotráfico y la presencia de organizaciones delictivas como "Los Monos" y "Los Funes". En marzo de 2024, la ciudad vivió una crisis de seguridad que incluyó balaceras y asesinatos, lo que llevó a la creación de un comité de crisis. Según Germán Pugnaloni, director de Prevención del Delito, la implementación de esta ley, junto con un sistema acusatorio más eficiente, traerá mejoras significativas en las investigaciones contra el crimen organizado.

La ministra Bullrich afirmó que esta medida busca desarticular bandas criminales y reducir la violencia en la región. "Esta guerra sin cuartel la estamos ganando", declaró. Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, subrayó que la ley dota de herramientas legales a jueces y fiscales para enfrentar situaciones extraordinarias.

Sin embargo, la implementación de la Ley Antimafia también ha generado críticas. Algunos expertos advierten sobre posibles abusos en la aplicación de las nuevas herramientas procesales, como las detenciones preventivas y las intervenciones digitales. A pesar de ello, las autoridades confían en que esta normativa marcará un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Argentina.

Con esta medida, Rosario se convierte en el epicentro de una estrategia nacional para combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, sentando un precedente para futuras acciones en otras regiones del país.