El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para flexibilizar el régimen de visitas durante su arresto domiciliario en el barrio de Constitución, Buenos Aires. La decisión, adoptada por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, mantiene la restricción que solo permite el ingreso sin autorización previa a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otro visitante deberá contar con un permiso judicial especial.

La defensa de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, había presentado un listado reservado de personas que pretendía autorizar para visitas sin restricciones, argumentando que la ex mandataria, como líder política, necesita mantener contacto con colaboradores, dirigentes y amigos. Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos presentados no lograron conmover los fundamentos de la medida, que fue impuesta el 17 de junio como parte de las condiciones para el cumplimiento de la condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En su resolución, los jueces señalaron que la defensa exterioriza un rechazo total a una de las pautas de conducta establecidas y que el recurso presentado resulta impertinente por razones formales. La defensa anunció que apelará la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que la fiscalía también mantiene su recurso, solicitando que Kirchner cumpla la condena en una cárcel común y no en su domicilio.

El régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica han sido motivo de controversia desde la concesión del arresto domiciliario. La defensa sostiene que las restricciones vulneran derechos fundamentales y la igualdad ante la ley, mientras que el tribunal argumenta que buscan preservar la tranquilidad del vecindario y la convivencia pacífica. Sectores afines a la ex presidenta denuncian un intento de aislamiento político, mientras que la fiscalía cuestiona la justificación humanitaria de la medida. La situación sigue su curso en instancias judiciales superiores, donde se definirán las condiciones finales del cumplimiento de la condena.