Una mujer de 37 años fue detenida en la provincia de Santa Fe tras descubrirse que ejercía como psicóloga utilizando títulos y documentos falsos. María Paz Lattanzi, según la investigación de la fiscal Rosana Peresín, trabajó durante al menos cuatro años en centros de día y un geriátrico de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, donde realizó diagnósticos, tratamientos y acompañamiento terapéutico sin contar con la habilitación profesional correspondiente.

La detención se produjo el lunes 13 de abril en un centro de día de Santo Tomé, luego de que el Colegio de Psicólogos de la Primera Circunscripción detectara irregularidades en la matrícula presentada por Lattanzi. La denuncia fue realizada a través del sistema online del Ministerio Público de la Acusación, lo que dio inicio a una investigación penal. Durante el proceso, se comprobó que la acusada solo había aprobado cuatro de las 45 materias de la carrera de Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe, pese a lo cual presentó un diploma apócrifo y documentación falsa ante empleadores y pacientes.

La fiscalía imputó a Lattanzi por los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación de título y ejercicio ilegal del arte de curar. Se estima que el monto total de las estafas supera los 11 millones de pesos, con víctimas entre instituciones y particulares, incluyendo una adolescente y su madre que recibieron sesiones de psicoterapia ilegales. Además, la acusada se promocionaba como profesional en redes sociales y plataformas especializadas, atribuyéndose títulos y especializaciones inexistentes.

Tras su detención, Lattanzi recuperó la libertad bajo una fianza de 10 millones de pesos y una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de ejercer cualquier actividad vinculada a la salud y de acercarse a las instituciones y personas afectadas. La fiscal Peresín subrayó el riesgo que representó para la salud mental de los pacientes y el daño económico causado a los centros donde trabajó. El caso ha generado preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la validación de credenciales profesionales en el sector salud argentino.