El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén culminó con la condena de 12 exfuncionarios y empleados públicos, quienes recibieron penas de entre tres y cinco años de prisión por administración fraudulenta agravada. El caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la provincia, involucró el desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a subsidios para personas en situación de vulnerabilidad.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, determinó que ocho de los condenados deberán cumplir prisión efectiva, mientras que el resto podría acceder a prisión domiciliaria o libertad condicional. La decisión de no aplicar la figura de asociación ilícita, que habría implicado penas más severas, generó una fuerte polémica y el rechazo tanto del gobierno provincial como de amplios sectores de la sociedad.

El gobernador Rolando Figueroa expresó su descontento con el fallo y ordenó a la Fiscalía de Estado apelar la sentencia, buscando que se revise la calificación legal y se impongan sanciones más duras. "La valoración integral de la prueba permitió identificar una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes", argumentó la Fiscalía en su comunicado, insistiendo en la existencia de una estructura delictiva.

Durante el juicio, se consideró probado que los fondos desviados fueron utilizados para el financiamiento ilegal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que gobernó la provincia durante seis décadas. El juez Kees, en su veredicto, vinculó el fallo con el "fin de la hegemonía e impunidad del MPN", lo que desató críticas por la politización de la sentencia y cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial.

El caso se inscribe en un contexto de emergencia carcelaria en la provincia y revive comparaciones con el escándalo Temux, otro hito de corrupción local. A pesar de las condenas, persisten reclamos por la falta de investigación sobre responsables de mayor jerarquía y por el alcance limitado de la causa. La sociedad neuquina, junto a funcionarios y referentes políticos, exige "tolerancia cero" a la corrupción y la recuperación de los fondos sustraídos, mientras la causa continúa en instancias de apelación.