La Inspección General de Justicia (IGJ) ha iniciado una investigación sobre la Fundación Faro, el think tank liderado por Agustín Laje, tras detectar un crecimiento patrimonial inusual y la recepción de donaciones millonarias durante 2024. Según los balances presentados ante la IGJ, la fundación declaró ingresos por casi $5.000 millones en el último año, cifra que representa un salto de más de 350 veces respecto a los $12 millones registrados en 2023, cuando la organización aún operaba bajo el nombre de Fundación Valorar.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, notificó a la Fundación Faro el 1 de junio de 2026 y le otorgó un plazo de 10 días hábiles para identificar a los donantes que realizaron aportes superiores a $11 millones, conforme a la normativa vigente. De no cumplir con el requerimiento, la fundación podría enfrentar sanciones que van desde apercibimientos hasta multas millonarias, según lo estipulado por la Ley N° 22.315 y el Decreto N° 609/2024.

El caso ha generado un fuerte impacto político, ya que la Fundación Faro es considerada una de las principales usinas ideológicas del oficialismo y cuenta con el respaldo de figuras cercanas al presidente Javier Milei. La organización organizó en noviembre de 2024 una "Cena Solidaria" a la que asistió el propio presidente, aunque los balances no permiten identificar si parte de los recursos declarados provienen de ese evento ni quiénes son los principales aportantes.

En paralelo, la IGJ también solicitó la presentación de los balances correspondientes al ejercicio 2025 y detectó inconsistencias en la documentación presentada para el año 2023, cuando la fundación aún se llamaba Valorar. El cambio de nombre y autoridades, concretado en mayo de 2024, coincidió con el ascenso de Javier Milei y el fortalecimiento del think tank en la escena política nacional.

La investigación se produce en un contexto de internas dentro del oficialismo, con tensiones entre Karina Milei, Santiago Caputo y otros referentes. Sectores opositores y medios de comunicación han puesto en duda la transparencia y el origen de los fondos, mientras que la Fundación Faro no respondió a los pedidos de información de la prensa hasta el cierre de las notas. El desenlace de la investigación podría tener implicancias significativas para la imagen y el financiamiento de las organizaciones vinculadas al gobierno.