El Congreso argentino marcó un precedente al rechazar el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) presentado por el Gobierno de Javier Milei, en una decisión unánime de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. El dictamen, remitido tanto al presidente Milei como al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, advierte que el PIN podría habilitar tareas de espionaje interno sobre opositores, periodistas, sindicatos y movimientos sociales, en contradicción con la Ley de Inteligencia 25.520.

El documento, de carácter secreto y no vinculante, fue objeto de críticas por parte de legisladores de distintos bloques y organizaciones de derechos humanos, como el CELS, que alertaron sobre la posibilidad de que la SIDE asuma funciones policiales y de vigilancia sobre actores sociales y políticos. "El PIN pondría a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales", advirtió el CELS en su denuncia judicial.

Sergio Neiffert defendió el plan ante la comisión, negando que la SIDE realice espionaje sobre periodistas o políticos y asegurando que "los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia". Sin embargo, la Bicameral consideró insuficientes sus explicaciones y remarcó la ausencia de una doctrina clara de inteligencia, así como la inclusión de funciones que la ley prohíbe, como la coordinación operativa con fuerzas de seguridad provinciales y locales.

El rechazo al PIN se produce en un contexto de creciente tensión política, con antecedentes de denuncias de espionaje ilegal en gobiernos anteriores y recientes reformas al sistema de inteligencia impulsadas por el DNU 614. El dictamen de la Bicameral podría tener repercusiones judiciales, ya que la investigación sobre el PIN está en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán.

Mientras el Gobierno insiste en que no utilizará la SIDE para perseguir opositores, la presión política y judicial pone en duda la continuidad de Sergio Neiffert al frente del organismo. El debate sobre los límites y el control democrático de los servicios de inteligencia sigue abierto en la agenda pública argentina.