La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Cámara Federal de Casación que se suspenda el decomiso de 19 propiedades pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Esta medida, ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Casación, forma parte de la condena por administración fraudulenta contra la ex mandataria, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, dictaminó que debe rechazarse el pedido de la defensa y avanzar con la incautación y eventual remate de 111 bienes, valuados en casi 685 mil millones de pesos, pertenecientes a la ex presidenta, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. Villar argumentó que el decomiso es una consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme, y que busca evitar la impunidad en casos de corrupción organizada.

Por su parte, los abogados de Fernández de Kirchner sostienen que no existen decisiones judiciales firmes sobre la cuantía del decomiso ni sobre los bienes sujetos a la sanción penal, ya que hay recursos pendientes incluso ante la Corte Suprema. Además, denuncian que la medida constituye un "acto de persecución política" y que avasalla derechos constitucionales como el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

La audiencia prevista para tratar el tema fue reemplazada por presentaciones escritas de las partes, por lo que la decisión final queda en manos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La causa Vialidad, que involucra la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez, llevó a la condena de Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El decomiso incluye bienes de la familia Kirchner y de Báez, entre otros, y su ejecución es el último paso pendiente de la sentencia.