La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Por primera vez, mandatarios de todas las provincias, incluidos aquellos tradicionalmente cercanos a la Casa Rosada, se unieron para exigir la restitución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una reforma en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. La iniciativa, que también contempla aumentos en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, fue enviada al Senado tras el rechazo del Poder Ejecutivo.

El oficialismo, firme en su objetivo de mantener el superávit fiscal, anticipó que vetará cualquier proyecto que implique un mayor gasto. "No podemos poner en riesgo la gobernabilidad y romper relaciones con el Gobierno", advirtieron algunos gobernadores dialoguistas, aunque la mayoría se muestra decidida a avanzar con la agenda común. El peronismo, principal impulsor de la medida, confía en reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate y aprobar las leyes, blindando así lo sancionado por el Congreso.

Desde la Casa Rosada, la estrategia apunta a dilatar el tratamiento parlamentario y abrir una nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, la inédita unidad de los gobernadores complica la posibilidad de fracturar el bloque opositor, como había ocurrido en ocasiones anteriores. "Lograron el milagro de unirnos a todos en contra", ironizó uno de los mandatarios tras la última reunión con funcionarios nacionales.

El trasfondo del conflicto es la histórica disputa por la distribución de fondos federales. La reforma constitucional de 1994 estableció criterios objetivos y automáticos para la coparticipación, pero la administración discrecional de los ATN por parte del Ejecutivo nacional ha sido fuente de tensiones recurrentes. Ahora, en un contexto de ajuste fiscal y presión del FMI, la pulseada adquiere una dimensión política y económica inédita.

El desenlace es incierto. Si el presidente Milei veta las leyes, el Congreso podría insistir con mayoría especial. Mientras tanto, la tensión amenaza con impactar en la gobernabilidad y en la estabilidad económica, en un año marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la volatilidad de los mercados.