El Gobierno nacional decidió suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, que debía realizarse el próximo 9 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, confirmada por fuentes oficiales y castrenses, responde a motivos presupuestarios y se enmarca en el ajuste fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.

Según trascendió, replicar el despliegue realizado en 2024 —que incluyó cerca de 10.000 efectivos, 62 aeronaves y 79 vehículos de combate— hubiera implicado un costo superior a los $1.000 millones, una cifra considerablemente mayor a los $720 millones invertidos el año pasado. El Ministerio de Defensa no emitió órdenes para la preparación del evento y, de acuerdo a fuentes consultadas, no habrá comunicación oficial sobre su realización ni instrucciones para el alistamiento de las unidades.

La suspensión del desfile ocurre en un contexto de creciente malestar interno en las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes reclaman mejoras salariales, equiparación con las fuerzas de seguridad y denuncian la crítica situación financiera de la obra social IOSFA, que acumula una deuda estimada en $160.000 millones. Para varios sectores dentro de las fuerzas, la organización del desfile resultaba contradictoria frente a la crisis presupuestaria que afecta tanto a las tropas como a sus familias.

El desfile militar del 9 de julio fue una tradición durante décadas, interrumpida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, retomada por Mauricio Macri y nuevamente suspendida en 2018 por falta de presupuesto. Durante la gestión de Alberto Fernández no se realizaron desfiles por la pandemia y razones económicas. En 2024, el gobierno de Javier Milei había reactivado la tradición con un evento de alto impacto simbólico, que incluyó la última aparición pública conjunta del presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La decisión de cancelar el desfile en 2025 refleja la intención oficial de priorizar el ajuste económico por sobre la exhibición de poder militar en la vía pública. En un escenario de tensión económica y demandas insatisfechas dentro de las fuerzas, la medida muestra la voluntad del Gobierno de moderar los gastos en actividades protocolarias y enviar un mensaje de austeridad. El futuro de esta tradición queda así supeditado a la evolución de la situación fiscal y las demandas internas del sector militar.