La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender el proceso de "discovery" en el juicio por la expropiación de YPF, una etapa clave que busca identificar activos estatales susceptibles de embargo ante una eventual ejecución de la sentencia. La decisión representa un nuevo revés para la estrategia legal de la Argentina, que había solicitado la suspensión mientras se resuelve la apelación sobre el fallo de fondo que la condenó a pagar más de USD 16.100 millones.

El proceso de "discovery" fue impulsado por el fondo Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia, que busca avanzar en la localización de bienes y reservas, incluyendo el oro del Banco Central y activos de empresas públicas como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Los demandantes argumentan que estas entidades funcionan como "alter ego" del Estado, lo que permitiría su embargo. Desde la Procuración del Tesoro, la defensa argentina sostiene que ha colaborado con la entrega de más de 100.000 documentos y rechaza las acusaciones de desacato.

La jueza Preska fundamentó su decisión en que una suspensión perjudicaría a los demandantes, quienes llevan años intentando cobrar la sentencia, y consideró que la Argentina perdió la oportunidad de solicitar la suspensión en etapas previas del proceso. Además, desestimó que el avance del "discovery" cause daños irreparables al país.

El Gobierno argentino anunció que apelará la decisión y mantiene su postura de agotar todas las instancias legales, descartando cualquier negociación con Burford. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe resolver la apelación principal, cuyo fallo podría modificar sustancialmente el curso del caso. Analistas estiman que la resolución podría conocerse en los próximos meses, aunque no hay plazos definidos.

El juicio por YPF, originado en la expropiación de la petrolera en 2012 y la falta de oferta pública a accionistas, es considerado el más grande contra un Estado soberano en tribunales estadounidenses. El desenlace de la apelación será determinante para el futuro financiero y político de la Argentina, que enfrenta presiones crecientes tanto en el plano judicial como en los mercados internacionales.