En Neuquén, la crisis de las fábricas ceramistas ha escalado en los últimos días, con cortes de ruta y enfrentamientos entre manifestantes y conductores. Los trabajadores de Cerámica Neuquén, Zanon y otras fábricas han bloqueado la Ruta 7 en protesta por el corte de suministro de gas y electricidad, que pone en riesgo más de 200 puestos de trabajo.

El conflicto comenzó cuando Camuzzi Gas del Sur interrumpió el suministro de gas, alegando un desbalance operativo de más de 12 millones de metros cúbicos. Sin embargo, los trabajadores calificaron la medida como injustificada y arbitraria. Además, Cerámica Neuquén lleva meses sin electricidad debido a un corte previo por parte de la empresa Calf. Estas interrupciones han paralizado la producción y agravado la crisis financiera de las fábricas, que operan bajo un modelo de gestión obrera desde su expropiación en 2001.

El lunes, los trabajadores se movilizaron a la Casa de Gobierno para exigir una solución, pero no obtuvieron respuestas concretas. En consecuencia, decidieron intensificar las medidas de protesta, incluyendo cortes totales de la Ruta 7. Durante una de estas manifestaciones, un conductor intentó atravesar el piquete, lo que derivó en un altercado físico y la intervención de la policía. Según Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén, el incidente fue una provocación deliberada.

El gobierno provincial, liderado por Rolando Figueroa, ha sido criticado por su inacción. Aunque se han realizado reuniones con representantes de Camuzzi y la Secretaría de Energía, no se ha logrado un acuerdo para restablecer los servicios. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de alerta y asamblea permanente, con nuevas protestas programadas para los próximos días.

Desde su expropiación, las fábricas ceramistas han dependido de subsidios estatales para mantenerse operativas. Entre 2021 y 2024, recibieron más de 468 millones de pesos en aportes, pero no han logrado alcanzar la sostenibilidad económica. La crisis actual pone en duda la viabilidad del modelo de gestión obrera y plantea interrogantes sobre el futuro de las fábricas y sus trabajadores.

La comunidad local también se ha visto afectada, enfrentando interrupciones en el tránsito y una creciente polarización en torno al conflicto. Mientras los trabajadores defienden su derecho a protestar, otros sectores critican las medidas extremas y exigen una solución que no afecte a terceros. El desenlace de este conflicto sigue siendo incierto, con implicaciones significativas para la economía y la política de la región.