A un mes de la explosión que sacudió el Polígono Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, las empresas afectadas continúan enfrentando un panorama de destrucción y parálisis. El incidente, ocurrido el 14 de diciembre, dejó daños severos en al menos una decena de compañías, con pérdidas que en algunos casos superan los 4 millones de dólares. La investigación judicial, liderada por la fiscal Florencia Belloc, avanza con cautela y aún no ha identificado responsables, mientras se recolectan pruebas y se analizan registros digitales.

La hipótesis principal apunta a un desperfecto operativo relacionado con barriles de fósforo rojo en instalaciones de Logischem SA, empresa que alquilaba un galpón para almacenamiento de productos químicos. Según los empresarios damnificados, persisten focos de combustión en el predio y el riesgo de nuevos incidentes es constante. "Hasta hace una semana todavía había humo saliendo de ahí y en reiteradas ocasiones los bomberos tuvieron que esperar autorización para ingresar", relataron.

La mayoría de las 48 empresas del polígono han intentado retomar sus actividades, pero muchas continúan sin servicios básicos como gas o energía, lo que dificulta la recuperación. Además, la antena de internet que abastece a parte del predio se encuentra dentro de las instalaciones de Logischem, complicando aún más la operatividad.

Los empresarios afectados han formado un grupo para coordinar reclamos y evalúan iniciar acciones legales conjuntas si la cobertura del seguro no responde. "Logischem está borrada", criticó uno de los propietarios, reflejando la creciente impaciencia ante la falta de respuestas. Iron Mountain, empresa involucrada en incidentes industriales previos, no ha participado en las reuniones ni en la coordinación de reclamos, lo que genera suspicacias entre los demás afectados.

El polígono carece de reglamento interno y controles efectivos, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad futura. Las autoridades locales y los bomberos han intervenido en varias ocasiones, pero enfrentan obstáculos para acceder a las áreas de riesgo. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad industrial y la necesidad de mayores controles en este tipo de complejos.

Mientras la investigación continúa y las empresas buscan recuperarse, la incertidumbre y el temor a nuevos incidentes persisten en la zona. El desenlace del caso podría sentar un precedente importante para la gestión de riesgos en parques industriales de la región.