El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la modernización de su política de comercio exterior al reglamentar un nuevo sistema antidumping mediante la Resolución 111/2025, publicada en el Boletín Oficial el 28 de abril de 2025. Esta normativa busca optimizar los procedimientos administrativos relacionados con prácticas desleales de comercio internacional, como el dumping y las subvenciones, con el objetivo de reducir costos de producción y, en última instancia, los precios para los consumidores.

Entre las principales novedades, se destaca la creación de una instancia optativa de asesoramiento para las partes interesadas en iniciar investigaciones. Este proceso, que se llevará a cabo a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), permitirá a los solicitantes acceder a datos del mercado interno del país exportador y recibir asistencia técnica antes de formalizar sus solicitudes. La etapa tiene una duración máxima de tres meses desde la reunión inicial.

La normativa también actualiza los requisitos formales para la presentación de solicitudes, exigiendo documentación específica como actas de asamblea o notas de asociaciones para acreditar la legitimación de los productores nacionales. Además, se establece un procedimiento para el reconocimiento de nuevos exportadores, quienes deberán cumplir con operaciones comerciales mínimas que no superen el 6% de las importaciones totales del producto investigado.

Otro aspecto relevante es el control de los compromisos de precios asumidos por las empresas exportadoras. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) será responsable de monitorear su cumplimiento y notificará a las firmas en caso de incumplimientos, otorgándoles un plazo de 10 días para presentar descargos.

La resolución también permite la suspensión de medidas antidumping por un período de hasta seis meses, prorrogable por un máximo de un año, siempre que sea solicitado por el titular del Ministerio de Economía y respaldado por un informe técnico de la CNCE.

En términos de plazos, la normativa establece que estos serán contados en días corridos, salvo disposición en contrario, y aclara que no se aplicará el "plazo de gracia" del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la presentación de escritos.

Esta medida se enmarca en los compromisos asumidos por Argentina en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y busca alinear la política de comercio exterior del país con las mejores prácticas internacionales. Según expertos, la modernización del sistema antidumping representa un avance hacia una mayor transparencia, eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos.

Si bien algunos sectores productivos han recibido positivamente la simplificación de trámites, otros esperan evaluar su impacto en la práctica. En cualquier caso, la implementación de esta normativa marca un hito en la política comercial de Argentina, con implicaciones significativas para el comercio internacional y el mercado interno.