El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este martes una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Inspirado en el modelo del FBI estadounidense, el nuevo organismo estará enfocado en la investigación de delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas, y absorberá gran parte de la estructura de la PFA.

La reforma, implementada mediante el decreto 383/2025, otorga a la PFA facultades ampliadas, permitiendo detenciones y requisas sin orden judicial en determinadas circunstancias, así como tareas de ciberpatrullaje en espacios digitales. Según el gobierno, la medida busca modernizar la fuerza y dotarla de herramientas para enfrentar el crimen organizado, alineando sus estándares con los de Estados Unidos e Israel. "El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos o los terroristas", afirmó Milei durante el acto de presentación en la sede de la Policía Montada en Palermo.

La ministra Bullrich destacó que el DFI será el "corazón" de la nueva PFA, con equipos especializados y profesionales universitarios, y que la reforma responde a la necesidad de una policía de investigación más eficiente. El jefe de la PFA, Alejandro Rolle, subrayó que la medida es resultado del diálogo con expertos internacionales y que la fuerza aspira a convertirse en líder en la investigación de delitos complejos.

Sin embargo, la reforma generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos, como el CELS, y de sectores opositores, que advierten sobre el riesgo de abusos, espionaje sin control judicial y criminalización de la protesta social. El CELS denunció que la falta de claridad en las nuevas facultades podría vulnerar derechos individuales y debilitar los controles sobre la actuación policial. Además, se cuestiona la constitucionalidad de la reforma, al haberse implementado por decreto y sin debate parlamentario.

El contexto político es especialmente tenso, dado que la medida se anunció en la antesala de movilizaciones sociales y tras la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El debate público se centra ahora en el equilibrio entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la protección de las garantías constitucionales, en un escenario de creciente polarización y demandas de mayor control institucional sobre las fuerzas de seguridad.