El Poder Judicial de Chubut enfrenta una de sus mayores crisis tras la renuncia de Claudio Petris, juez camarista de Esquel y hasta ahora presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia. Petris dimitió luego de que se hicieran públicas graves denuncias en su contra por presunto abuso de poder, corrupción patrimonial, manipulación de causas y favores sexuales a cambio de trabajo.

Las acusaciones, difundidas a través de investigaciones periodísticas y testimonios, señalan que Petris habría utilizado testaferros para ocultar bienes, dictado fallos en favor de allegados y ejercido coerción sexual y amenazas sobre personas bajo su influencia. Entre los bienes involucrados se mencionan propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y Esquel, vehículos de alta gama y embarcaciones, muchos de ellos registrados a nombre de familiares o terceros. Uno de los testimonios más graves sostiene que el magistrado utilizaba su despacho y el baño de tribunales para exigir favores sexuales, ofreciendo a cambio empleos, autos y viviendas.

El propio Petris negó todas las acusaciones, calificándolas de "inexistentes" y atribuyéndolas a una "campaña de desprestigio" motivada por su rol institucional en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plebiscito impulsado por el gobierno provincial para eliminar los fueros judiciales. "La ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no sólo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder", expresó en su carta de renuncia. Aseguró además que, de iniciarse una investigación judicial, no apelará a los fueros constitucionales para ampararse.

El escándalo se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de Chubut. El gobernador Ignacio Torres, quien impulsa la eliminación de fueros y privilegios en los tres poderes del Estado, vinculó el caso Petris con la resistencia de sectores judiciales a la reforma. "No más fueros. No más privilegios", sentenció Torres en redes sociales, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional.

La renuncia de Petris abre una etapa de transición en la conducción de la Asociación de Magistrados y profundiza el debate público sobre la legitimidad y la independencia del sistema judicial en la provincia. El caso, aún sin denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y podría tener consecuencias de largo alcance para la confianza ciudadana en la justicia chubutense.