El presidente Javier Milei firmará el próximo lunes los vetos a las leyes que establecen un aumento en las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión se tomará al filo del plazo constitucional, permitiendo al Gobierno maximizar el tiempo de negociación con aliados y gobernadores para asegurar el respaldo parlamentario necesario.

En la Casa Rosada confían en que los vetos al aumento jubilatorio y a la moratoria previsional serán sostenidos en la Cámara de Diputados, gracias a la reciente incorporación de seis diputados radicales al interbloque de La Libertad Avanza. "Tenemos los votos para sostener los vetos. Eso no debería ser un problema", aseguraron fuentes del oficialismo, aunque admiten que la emergencia en discapacidad presenta mayores desafíos debido a su sensibilidad social y política.

El impacto fiscal de las leyes vetadas es uno de los principales argumentos del Gobierno. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el aumento previsional representa un 0,20% del PBI, la moratoria un 0,39% y la emergencia en discapacidad entre 0,28% y 0,51%. El oficialismo sostiene que estas medidas no cuentan con financiamiento adecuado y pondrían en riesgo el equilibrio fiscal, una de las prioridades de la gestión Milei.

Las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados, como el PRO y el MID, son clave para el desenlace parlamentario. La estrategia oficialista contempla la posibilidad de que las ausencias y abstenciones reduzcan el umbral necesario para sostener los vetos. Sin embargo, en el caso de la emergencia en discapacidad, algunos legisladores han manifestado públicamente sus dudas y la necesidad de buscar alternativas para no afectar a los sectores más vulnerables.

La oposición, encabezada por Unión por la Patria y otros bloques, busca resistir los vetos, aunque la disciplina interna y la influencia de los gobernadores serán determinantes. En caso de no lograr blindar los vetos en el Congreso, el Gobierno evalúa recurrir a la Justicia para sostener su posición.

El desenlace de este proceso tendrá implicancias tanto en la política fiscal como en el clima político de cara a las próximas elecciones, en un contexto de alta tensión y negociaciones permanentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.