Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, permanece en su cargo pese a las denuncias y el fuerte rechazo social generado por el uso de recursos oficiales para fines personales. El escándalo estalló tras conocerse que su esposa viajó en el avión presidencial a Nueva York como parte de una comitiva oficial y que su familia utilizó un vuelo privado a Punta del Este, hechos que reavivaron el debate sobre los privilegios y la ética en la administración pública.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que, aunque se evaluó su salida, Adorni cuenta con el respaldo de las máximas autoridades. "Adorni está firme", señalaron funcionarios del gabinete nacional, pese a que el propio funcionario habría considerado renunciar ante el rechazo social. El presidente Milei defendió el viaje de la esposa de Adorni argumentando que el "costo marginal" era nulo, ya que el avión volaba de todos modos, pero la explicación fue ampliamente cuestionada por su trasfondo ético y simbólico.

El caso se agrava por denuncias judiciales presentadas por la diputada Marcela Pagano, quien investiga posibles conflictos de interés relacionados con la consultora de la esposa de Adorni y la supuesta omisión de bienes en declaraciones juradas. Además, el episodio ocurre en un contexto de creciente malestar social, con indicadores económicos negativos: el desempleo alcanzó el 7,5% y la morosidad bancaria superó el 10%.

El escándalo impacta especialmente en la imagen del gobierno de Milei, que hizo de la lucha contra la corrupción y los privilegios de la "casta" un eje central de su discurso. Analistas y opositores señalan la existencia de una "doble vara" y cuestionan la falta de consecuencias claras. El ministro Carlos Bianco, de la provincia de Buenos Aires, pidió a la Justicia avanzar en las investigaciones sobre Adorni y Milei, comparando el trato recibido con el de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El oficialismo, por su parte, cerró filas para respaldar a Adorni, aunque el episodio expone tensiones internas y pone en duda la coherencia entre el discurso y la práctica del gobierno. El caso reaviva el debate sobre la ética pública y la transparencia en el uso de los recursos del Estado, en un clima de desconfianza social y dificultades económicas.