La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, ha presentado una denuncia penal contra la gestión anterior, encabezada por Germán Alfaro, por un presunto desvío de fondos públicos que asciende a 500 millones de pesos. Según la denuncia, los fondos provinieron de aportes financieros reintegrables otorgados por la Provincia entre 2020 y 2021, pero solo se tiene registro contable de la mitad de ese monto. La investigación señala que la diferencia habría sido canalizada a través de una cuenta bancaria no registrada oficialmente por el municipio.

El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, explicó que esta cuenta, a nombre de la Municipalidad, no figura en los registros administrativos y fue cerrada en noviembre de 2024. Documentos del Banco Macro revelaron transferencias por 125 millones de pesos cada una a esta cuenta paralela, lo que ha generado sospechas sobre el manejo de los fondos. Además, se encontraron cesiones de derechos sobre coparticipación firmadas por Alfaro por el mismo monto que reclama la Provincia, lo que podría interpretarse como un reconocimiento formal de la deuda.

Por su parte, Germán Alfaro negó haber sido notificado de la causa y calificó la denuncia como una maniobra política. "Hace un año que no abro la boca", declaró, minimizando la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, este no es el primer caso de irregularidades detectadas en su gestión. La administración de Chahla también reportó la desaparición de una camioneta municipal y la falta de inventarios de bienes entre 2019 y 2021.

Desde que asumió el cargo, Chahla ha impulsado auditorías para sanear las cuentas públicas y transparentar la gestión municipal. "Es fundamental esclarecer el destino de estos fondos", afirmó la intendenta, quien ya ha presentado tres denuncias penales contra la gestión anterior, aunque sin avances significativos en el ámbito judicial.

El caso ha generado un intenso debate político en San Miguel de Tucumán, polarizando a la opinión pública y poniendo en el centro de atención las prácticas administrativas de la gestión alfarista. Mientras tanto, la investigación continúa, y se espera que arroje más luz sobre el destino de los fondos y las responsabilidades involucradas.