Cristina Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, comenzó a cumplir arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Buenos Aires, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión judicial incluyó la imposición de una tobillera electrónica y restricciones estrictas a las visitas, lo que generó tensiones tanto en su entorno político como familiar.

Durante los días previos a la notificación formal de su arresto, Kirchner mantuvo reuniones con allegados y planificó su estrategia política, incluyendo la posibilidad de anunciar una candidatura a diputado bonaerense para denunciar una supuesta proscripción. Paralelamente, un equipo liderado por Jorge "El Topo" Devoto, amigo y productor audiovisual, comenzó a filmar un documental sobre su detención, buscando retratar el episodio con un tono épico y de resistencia.

La noticia de su arresto domiciliario movilizó a la militancia peronista y a dirigentes de La Cámpora, quienes organizaron actos y marchas en apoyo a la exmandataria. Sin embargo, las autoridades judiciales y del Gobierno de la Ciudad coordinaron para evitar desmanes y garantizar el cumplimiento de la pena, trasladando las concentraciones a la Plaza de Mayo y otros puntos, lejos del domicilio de Kirchner.

En el plano personal, fuentes cercanas relataron que la expresidenta alternó momentos de fortaleza pública con episodios de angustia en privado. "Cristina está entera, es de una generación de peronistas que se bancó la dictadura. Su condena unió al partido y por eso nos movilizamos así", declaró Devoto. Por su parte, Máximo Kirchner expresó su enojo y advirtió sobre futuras acciones políticas.

El caso de Cristina Kirchner marca un hito en la historia política argentina, siendo la primera expresidenta en cumplir arresto domiciliario por corrupción. La situación generó comparaciones con el caso de Lula Da Silva en Brasil, aunque con diferencias legales significativas. Mientras tanto, la expresidenta busca apelar las restricciones impuestas y mantener su centralidad política, en un contexto de alta tensión institucional y social.