El Gobierno argentino ha iniciado un proceso de auditoría y recuperación de fondos públicos no justificados por universidades e instituciones científicas, en un esfuerzo por ordenar las cuentas públicas y garantizar la transparencia en el uso de subsidios. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, 672 instituciones, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), deberán justificar o devolver un total de $33.000 millones antes del 30 de junio de 2025.

La medida, impulsada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece que los fondos no ejecutados deberán ser reintegrados con intereses, y que no se otorgarán nuevas prórrogas más allá de la fecha límite. "Rinden o la devuelven", afirmó el secretario Darío Genua, quien destacó que las irregularidades han perjudicado a investigadores y proyectos científicos.

Entre las instituciones con mayores montos sin justificar se encuentran la UTN, con $902 millones, y la UBA, con $896 millones. También figuran la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de La Plata, entre otras. La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, se iniciarán acciones legales para el recupero de los fondos.

Esta iniciativa forma parte de una política de racionalización del gasto público implementada desde 2023, tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete, bajo el gobierno de Javier Milei. En este contexto, se han eliminado programas y subsidios considerados ineficientes o no ejecutados, como el Programa de Subsidios Institucionales y la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular.

El conflicto ha generado tensiones entre el gobierno y las universidades. La UBA, por ejemplo, ha anunciado su intención de llevar el caso a la justicia, mientras que sectores académicos han organizado movilizaciones y clases públicas en protesta contra lo que consideran una intromisión gubernamental. Por su parte, el presidente Milei ha minimizado las protestas, calificándolas como acciones de "kirchneristas y zurdos".

Desde la Casa Rosada, se asegura que la medida busca consolidar un nuevo esquema de financiamiento científico centrado en la transparencia y la eficiencia presupuestaria. Sin embargo, críticos señalan que algunos fondos estaban invertidos en instrumentos financieros, lo que podría representar una desviación del fin público original de los subsidios.

El proceso de auditoría y recuperación de fondos promete ser un tema central en la agenda política y académica de Argentina en los próximos años, con implicaciones significativas para el futuro de la ciencia y la tecnología en el país.