La crisis en los organismos de estadísticas oficiales de Argentina se profundiza tras la reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas (IDECBA) ha demorado la publicación de su calendario de estadísticas de febrero y aún no ha presentado el cronograma anual, una práctica habitual en años anteriores. Esta situación se da en un contexto de conflicto gremial, ya que la Jefatura de Gabinete porteña no renovó los contratos anuales de cerca del 30% del personal contratado, lo que ha obligado a implementar un plan de contingencia para sostener los relevamientos de precios y costos.

La incertidumbre se ha visto agravada por la sospecha de injerencia política en el organismo, que desde 2024 depende de la Jefatura de Gabinete. Trabajadores y representantes gremiales, como Raúl Llaneza de ATE-INDEC, han manifestado su preocupación por la falta de autonomía técnica y la creciente incertidumbre interna. "Nos sentimos abrumados por esta interferencia política en un organismo que debería ser técnico. Hay mucha incertidumbre", expresó Llaneza.

La credibilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es clave, ya que afecta la actualización de ingresos, jubilaciones, bonos y créditos hipotecarios. Consultoras privadas estiman que los cambios metodológicos podrían haber subestimado la inflación hasta en 16,1 puntos en 2024. Desde la CGT y otros sindicatos se advierte que un IPC poco confiable complica las negociaciones paritarias y los acuerdos laborales, mientras que la actualización de créditos y activos financieros también se ve afectada.

El contexto actual recuerda a la intervención del INDEC entre 2007 y 2015, cuando la falta de confianza en los datos oficiales llevó a recurrir a mediciones alternativas. La reciente renuncia de directores y la discontinuación de estadísticas de turismo han profundizado la crisis de confianza en el sistema estadístico argentino. Economistas y abogados señalan que, aunque no hay pruebas de manipulación directa de los datos, la autonomía del organismo está en riesgo y las consecuencias económicas pueden ser significativas. La CGT evalúa la creación de un observatorio propio de inflación para contar con datos alternativos y más confiables.

La situación plantea desafíos para la transparencia y la credibilidad de las estadísticas oficiales, fundamentales para la toma de decisiones económicas y sociales en el país.