Un violento episodio ocurrido en la plaza departamental de Tunuyán, Mendoza, generó conmoción en la provincia y el país. Un video viralizado en redes sociales muestra el momento en que un joven es atacado por la espalda, cae inconsciente y, mientras permanece indefenso en el suelo, recibe una brutal patada en la cabeza por parte de un policía fuera de servicio. El hecho, registrado por testigos y cámaras de seguridad, motivó la rápida intervención de la justicia y el repudio generalizado de la comunidad.

La agresión ocurrió la primera semana de julio, en plena plaza céntrica de Tunuyán, a la vista de numerosos presentes. El video, que suma miles de visualizaciones, fue clave para identificar al agresor, un agente de la Policía de Mendoza con menos de un año de servicio, recientemente incorporado a la fuerza y con antecedentes como voluntario en el Ejército. "Es un efectivo que está en interinidad; tiene menos de un año de servicio", confirmaron fuentes de la Inspección General de Seguridad.

Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía de Investigaciones del Valle de Uco inició una causa de oficio y solicitó el material audiovisual como prueba principal. Posteriormente, la víctima formalizó la denuncia, lo que permitió avanzar en el expediente judicial. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Mendoza activó el protocolo previsto para estos casos: se abrió un sumario administrativo y el agente fue pasado a disponibilidad, sin arma reglamentaria, hasta tanto se esclarezcan los hechos.

El episodio generó comparaciones inmediatas con el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, por la brutalidad y desproporción de la violencia ejercida. Familiares y allegados de la víctima reclamaron justicia y que el caso "no quede impune". Vecinos de Tunuyán, cansados de peleas callejeras, exigieron mayor presencia policial y condenas ejemplares.

Desde el Gobierno provincial se manifestó un rechazo contundente a la violencia institucional y se destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de control y formación dentro de las fuerzas de seguridad. La investigación sigue en curso, bajo secreto de sumario, y no se descartan nuevas imputaciones si se confirma la participación de más personas en la golpiza. El caso reavivó el debate sobre la conducta de agentes estatales fuera de servicio y el rol de las redes sociales como herramienta de prueba en causas judiciales.