El próximo martes 14 de octubre, las escuelas públicas de Argentina permanecerán cerradas debido a un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). La medida, que cuenta con la adhesión de gremios provinciales y universitarios, busca reclamar la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria urgente a una paritaria nacional y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el gobierno nacional.

La jornada de protesta incluirá una movilización masiva en la ciudad de Buenos Aires, donde docentes de todo el país se congregarán para exigir mayores recursos para la educación pública. "El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la educación pública, pero hace todo lo contrario. Desfinancian la educación para empezar a transitar un camino que te lleve a la privatización del sistema educativo", expresó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

En Córdoba, el miércoles 8 de octubre se realizó una caravana provincial en defensa de la educación pública, con la participación de docentes, jubilados, organizaciones sociales y gremios. "Esta caravana es un hecho histórico y un hito de la lucha docente", afirmó Roberto Cristalli, secretario general de UEPC, quien llamó a legisladores y gobernadores a no consolidar el ajuste y a recuperar el rol del Estado como garante del derecho social a la educación.

El gobierno provincial de Santa Fe, por su parte, se manifestó en contra del paro y anunció descuentos salariales para quienes adhieran a la medida. "Los alumnos tienen que estar en la escuela y quienes decidan acatar las órdenes de Baradel se les descontará el día", declaró Fabián Bastia, ministro de Gobierno provincial.

El conflicto se origina en el recorte de fondos nacionales destinados a infraestructura escolar, materiales didácticos y salarios docentes. Según los gremios, la eliminación del Fonid representa una pérdida de hasta un 15% del salario y cerca de 2 millones de pesos por docente en lo que va de 2024. La protesta se enmarca en una serie de acciones gremiales que buscan visibilizar el impacto del ajuste y defender la educación pública como derecho social.

La medida ha generado un amplio debate entre los actores involucrados, con posturas encontradas entre los gremios y los gobiernos provinciales. Mientras los sindicatos llaman a la sociedad a sumarse a la defensa de la escuela pública, las autoridades insisten en la necesidad de mantener la actividad escolar y advierten sobre las consecuencias salariales del paro. El desenlace del conflicto podría marcar el rumbo de futuras negociaciones y políticas educativas en el país.