La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina resolvió dar de baja a diez empresas de medicina prepaga, en el marco de un proceso de depuración y control del sector impulsado por el Gobierno nacional. La medida, formalizada mediante la Resolución 446/2026 y publicada en el Boletín Oficial, busca garantizar que solo operen en el mercado aquellas entidades que acrediten actividad efectiva, cumplan con los requisitos legales y presenten la documentación correspondiente.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 162 entidades han sido excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Según fuentes oficiales, las auditorías detectaron la existencia de "agentes fantasma", es decir, empresas inscriptas formalmente pero sin actividad, sin afiliados y sin respaldo documental. "El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados", indicaron desde el Gobierno.

La exclusión de estas empresas se da en paralelo a la inscripción de la Obra Social de Comisarios Navales, en el marco de la reactivación de inscripciones tras la suspensión implementada en 2020 por la emergencia sanitaria. A partir de ahora, las nuevas altas deberán atravesar un proceso más estricto, con la presentación de documentación completa y la validación de distintas condiciones para poder mantenerse dentro del registro oficial.

Entre las empresas excluidas se encuentran Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

El proceso de depuración del registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la competencia en el sector de la medicina prepaga, que ha sido objeto de críticas por la falta de control y la proliferación de entidades sin actividad real. El Gobierno sostiene que la meta es consolidar un sistema en el que solo participen prestadores que brinden servicios de calidad y cumplan con la normativa vigente. Se espera que esta política continúe en los próximos meses, con nuevas auditorías y controles sobre el sector.