El Gobierno argentino oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto 383/2025, presentado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida, publicada el 19 de junio, redefine la misión de la fuerza, orientándola hacia la investigación de delitos federales y complejos, y crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense.

Entre los cambios más significativos, la PFA podrá realizar detenciones y requisas personales sin orden judicial en situaciones específicas, así como tareas de prevención y vigilancia en espacios digitales públicos. El Gobierno argumenta que estas facultades son necesarias para enfrentar el crimen organizado y modernizar la fuerza, alineándola con estándares internacionales. “La Argentina necesita una fuerza moderna, especializada, con capacidad real para desarticular organizaciones criminales”, afirmó Bullrich durante la presentación.

Sin embargo, la reforma ha generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre el riesgo de abuso de poder, vigilancia masiva y persecución política. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional señalaron la falta de debate parlamentario y la posible inconstitucionalidad de las nuevas atribuciones policiales. “La reforma abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales y la represión de protestas”, advirtió el CELS.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida cuenta con respaldo legal y que cualquier objeción puede ser dirimida en la Justicia. La reforma también refuerza la autonomía de la Dirección de Asuntos Internos para supervisar la integridad de la fuerza y prevé una modernización tecnológica y profesional de la PFA.

El nuevo estatuto marca un punto de inflexión en la historia de la PFA, que desde 2016 había dejado de ocuparse de la seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la fuerza se reposiciona como un organismo federal de investigación criminal, con presencia en todo el país y articulación directa con la Justicia. El impacto de la reforma será monitoreado de cerca por la sociedad civil y organismos internacionales, en un contexto de alta sensibilidad social y política.