El Congreso argentino debate dos proyectos clave impulsados por el gobierno de Javier Milei: el Súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales y regulatorios para grandes inversiones tecnológicas, y la reforma de la Ley de Sociedades para otorgar personería jurídica a la inteligencia artificial. Ambas iniciativas buscan posicionar a Argentina como un destino atractivo para empresas tecnológicas globales, en línea con la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos y la reciente adhesión a la iniciativa Pax Silica.

El Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos superiores a 1.000 millones de dólares en actividades consideradas nuevas o experimentales. Entre los incentivos se destacan una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, exenciones de derechos de exportación e importación, y estabilidad normativa por tres décadas. Además, el régimen permite a los inversores recurrir a arbitraje internacional en caso de controversias, lo que ha generado preocupación por la posible pérdida de soberanía regulatoria y fiscal, especialmente a nivel provincial y municipal.

El debate parlamentario ha sido criticado por su falta de profundidad técnica y la escasa participación informada de los legisladores. Organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas han advertido sobre los riesgos de una masiva renuncia fiscal y el impacto potencial en ecosistemas sensibles, como la Patagonia, donde se proyecta la instalación de data centers. "No estamos vendiendo; estamos recontra regalando los recursos naturales", expresó el diputado Carlos Castagneto durante la sesión.

En paralelo, el Congreso discute la creación de "sociedades automatizadas" y la posibilidad de otorgar personería jurídica a la IA, lo que permitiría la existencia de empresas gestionadas sin intervención humana. Esta propuesta ha generado un intenso debate ético y jurídico, con voces como la del historiador Yuval Noah Harari advirtiendo sobre los riesgos de una autonomía legal para sistemas algorítmicos.

El gobierno defiende ambas iniciativas como herramientas para atraer inversiones transformadoras y fomentar la innovación, mientras que la oposición y sectores sociales alertan sobre la falta de garantías de empleo, el impacto ambiental y la pérdida de control democrático sobre recursos estratégicos. El desenlace de estos proyectos dependerá del tratamiento en el Senado, en un contexto de fuerte presión internacional y expectativas de cambios estructurales en la economía argentina.