La provincia de Santa Fe se encamina a una reforma constitucional histórica, la primera en más de 60 años, con la Convención Constituyente programada para iniciar sus sesiones el 14 de julio en la Legislatura provincial. El proceso, que involucra a 69 convencionales elegidos por voto popular, ya ha generado un intenso debate político sobre la legitimidad y los mecanismos de aprobación del nuevo texto constitucional.

Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de La Libertad Avanza, representada por el convencional Nicolás Mayoraz, de someter la vigencia de la nueva Constitución a un plebiscito en las elecciones de 2027. Mayoraz argumenta que la baja participación ciudadana en los comicios de convencionales y el escaso respaldo porcentual al oficialismo restan legitimidad al proceso. "La ciudadanía no estuvo informada debidamente y la coalición gobernante obtuvo apenas el 17% del respaldo popular", sostuvo Mayoraz en declaraciones a medios locales.

El oficialismo, encabezado por la UCR y aliados, rechaza de plano la consulta popular. Fuentes del gobierno provincial subrayan que "la Constitución se reforma mediante los mecanismos que la propia Constitución establece" y que "la voluntad popular ya se expresó en las urnas". El senador Felipe Michlig, convencional constituyente, criticó la propuesta libertaria y pidió respetar la decisión ya tomada por la ciudadanía: "¿Qué más quieren? La gente votó, ya están elegidos los convencionales".

El proceso de reforma está regulado por la Ley de Necesidad de Reforma, que establece un plazo máximo de 60 días para la labor de la Convención, aunque puede extenderse por otros 20 días si así lo decide la mayoría. Entre los temas a debatir figuran la autonomía municipal, la eliminación de fueros, la implementación de ficha limpia y la limitación de la reelección de legisladores, con el objetivo de modernizar el marco institucional y eliminar privilegios políticos.

Expertos constitucionalistas consultados coinciden en que la consulta popular podría ser incorporada como una cláusula transitoria si así lo decide la mayoría de los convencionales, pero no es un requisito obligatorio. El debate promete ser intenso y marcará un hito en la historia política e institucional de Santa Fe, con implicancias que podrían extenderse por décadas.