La Justicia de Córdoba dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por el homicidio de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial. El caso, que conmocionó a la sociedad cordobesa, se desarrolló entre marzo y junio de 2022 y derivó en un extenso proceso judicial de seis meses, cuyo veredicto fue publicado en un documento de más de 3.000 páginas.

Según la Cámara Criminal y Correccional de 7° Nominación, se acreditó que Agüero inoculó potasio e insulina a los recién nacidos, sustancias incompatibles con la vida humana. "No existe ninguna duda que, con su actuar, la acusada Agüero realizó un riesgo prohibido que, en cinco casos, se concretó en el resultado típico, al aniquilar la vida de los bebés", señala el fallo. La condena se basó en una mayoría compuesta por dos jueces técnicos y cuatro jurados populares, mientras que otros cuatro jurados votaron por la absolución, lo que generó una fuerte controversia y será uno de los argumentos de la defensa para apelar la sentencia.

El tribunal también absolvió al exministro de Salud, Diego Cardozo, por mayoría de los jurados populares, quienes consideraron que actuó de manera adecuada al tomar conocimiento de los hechos, disponiendo la intervención del hospital y la separación del personal involucrado. Sin embargo, los jueces técnicos sostuvieron que Cardozo incurrió en omisión de deberes y encubrimiento, aunque su postura no prosperó.

Cinco funcionarios recibieron condenas excarcelables y otros cinco fueron absueltos. El fallo también abordó la violencia institucional sufrida por las madres de las víctimas, señalando prácticas reñidas con los derechos fundamentales y la ley de protección integral a las mujeres.

El caso puso en evidencia graves falencias en el sistema de salud provincial y abrió un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de crisis sanitarias. La defensa de Agüero anunció que apelará la condena, mientras que las familias de las víctimas continúan reclamando justicia y mayor transparencia en el accionar de las autoridades. El impacto del caso sigue resonando en Córdoba y en todo el país, marcando un precedente en la historia judicial argentina.