El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, en un intento por recomponer la relación con los gobernadores tras la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, también restituye el rango ministerial a la cartera del Interior, que había sido degradada a Secretaría en 2024.

La reactivación del Ministerio del Interior y la designación de Catalán, abogado tucumano y figura cercana a los mandatarios provinciales, se produce en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias. El Gobierno busca fortalecer su posición en el Congreso y blindar los vetos presidenciales a leyes clave, como la de coparticipación de los ATN y el financiamiento universitario, que han generado malestar en los distritos.

En su primera semana al frente del ministerio, Catalán mantuvo reuniones con gobernadores aliados y opositores, quienes reiteraron sus reclamos por fondos y obras prometidas. "Recibí al flamante ministro del Interior, a quien le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia", expresó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Otros mandatarios, como Sergio Ziliotto (La Pampa), manifestaron su escepticismo ante la voluntad de diálogo del Gobierno, señalando que "si la primera acción fue vetar la ley de ATN, empezamos mal".

El nuevo Ministerio del Interior asume competencias ampliadas, que incluyen la gestión política interna, la política ambiental, el turismo y el deporte, además de la coordinación con provincias y municipios. El decreto también redefine el rol de la Jefatura de Gabinete, que contará con un vicejefe con rango ministerial y facultades delegadas.

A pesar de los gestos institucionales, la mayoría de los gobernadores ha decidido esperar hasta después de las elecciones legislativas de octubre para negociar acuerdos concretos con la Casa Rosada. El oficialismo, por su parte, apuesta a incluir demandas provinciales en el proyecto de Presupuesto 2026 y a dividir bloques opositores para sostener los vetos presidenciales en el Congreso.

El desenlace de esta nueva etapa en la relación Nación-provincias dependerá de la capacidad del Gobierno para cumplir compromisos y generar consensos, en un escenario político marcado por la desconfianza y la competencia electoral.