Una organización criminal dedicada a la extorsión fue desarticulada tras una investigación que reveló su funcionamiento desde varias cárceles de la provincia de Buenos Aires. La banda, integrada por internos, policías y empleados penitenciarios, captaba a sus víctimas a través de perfiles falsos en sitios de citas y redes sociales, obteniendo información personal mediante bases de datos adquiridas ilegalmente por Telegram.

Según fuentes judiciales, la investigación se inició el 7 de abril, cuando un hombre denunció haber recibido amenazas tras ingresar a un sitio web de servicios para adultos. Los extorsionadores, haciéndose pasar por administradores de la página, exigían grandes sumas de dinero bajo la amenaza de difundir información íntima o atentar contra la familia de la víctima. En uno de los audios incorporados a la causa, uno de los acusados advierte: “Me volvés a cortar el comunicado y te hago pasar el peor día de tu vida”.

Las pesquisas permitieron identificar que la organización operaba desde las unidades penitenciarias de González Catán, Lomas de Zamora y Florencio Varela. El análisis de los dispositivos secuestrados reveló la creación de perfiles falsos y la utilización de “cuentas mula” para mover el dinero obtenido, que oscilaba entre 13 y 30 millones de pesos por cuenta. Entre los detenidos figuran una oficial de la Policía Bonaerense, dos empleados del Servicio Penitenciario y un menor de edad.

Durante los 37 allanamientos realizados, se incautaron armas, computadoras, tarjetas SIM y dinero en efectivo. La oficial de policía fue desafectada de inmediato tras su arresto. El fiscal Juan Marcelo Diomede, a cargo de la causa, continúa con el análisis de los dispositivos electrónicos para determinar el alcance total de la red y la posible existencia de más víctimas.

Especialistas en cibercriminalidad advierten sobre la importancia de proteger los datos personales en internet y no compartir información sensible en redes sociales. Las autoridades subrayan la gravedad de la complicidad interna en el sistema penitenciario y la necesidad de reforzar los controles para evitar que estas organizaciones sigan operando desde el interior de las cárceles. El caso pone en evidencia los riesgos de la exposición digital y la sofisticación de las nuevas modalidades delictivas.