Romina Sánchez, una joven de 25 años y madre de tres hijos, fue asesinada el pasado sábado en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y reavivado el debate sobre la violencia de género y la respuesta judicial ante estos casos. El principal acusado es su expareja, Damián Ezequiel Paiz, de 33 años, quien fue imputado como autor material del femicidio y permanece en prisión preventiva junto a familiares que lo habrían ayudado a huir y encubrir el crimen.

Según la investigación, Romina había acordado encontrarse con Paiz para recibir dinero destinado a la manutención de su hijo menor. El encuentro, pactado en la esquina de San Martín y Bordabehere, terminó en tragedia cuando Paiz, armado con un revólver calibre 38, le disparó dos veces: primero en la espalda y luego en la cabeza, en presencia de la actual pareja de Romina y otras personas. "La ejecutó a corta distancia con dos disparos. El primero impactó en la espalda y el segundo en el cráneo. Es una muerte en un contexto de violencia de género", explicó el fiscal Alejandro Ferlazzo.

Tras el crimen, Paiz huyó en una moto conducida por su hermano Alejandro, quien también está imputado por su participación activa en el hecho, incluyendo la presunta provisión del arma. Otros familiares, Roberto Paiz y Micaela Cardozo, fueron detenidos por resistencia a la autoridad y encubrimiento, tras intentar obstaculizar la detención de los principales acusados.

El caso de Romina Sánchez pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial: pese a las denuncias previas por violencia de género y una restricción de acercamiento dictada en octubre, Paiz se encontraba en libertad. Familiares de la víctima, como su abuela María y su tía Lidia, relataron el calvario que vivió Romina durante años, incluyendo amenazas y agresiones físicas, y exigieron una condena ejemplar. "Esperamos que se haga justicia. Queremos perpetua", afirmaron en declaraciones públicas.

La investigación también reveló que los hermanos Paiz tienen antecedentes familiares vinculados a otros hechos violentos en la región. El femicidio de Romina se suma a una preocupante serie de casos similares, generando indignación y movilización social bajo el lema #NiUnaMenos. El juez Rafael Coria dispuso la prisión preventiva para los cuatro imputados mientras avanza la causa, que podría sentar precedentes en la lucha contra la violencia de género en Argentina.