El juicio por el caso Yectafer, el medicamento adulterado que entre 2003 y 2004 provocó la muerte de cuatro personas y daños en otras 29, avanza en su etapa final ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires. La fiscalía, encabezada por el fiscal general Miguel Ángel Osorio, solicitó penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve de los acusados, quienes integraban una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de medicamentos.

Según los peritajes presentados en el juicio, el lote adulterado de Yectafer contenía tres veces más citrato de hierro que el producto original, además de irregularidades en el pH y la densidad. El medicamento fue comercializado a través de una droguería, lo que permitió su ingreso al mercado formal. Las víctimas fatales fueron Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80), quienes sufrieron muertes dolorosas por fallas hepáticas. En el caso de Giménez, se destacó que estaba embarazada y su bebé nació sin vida tras una cesárea de urgencia.

La fiscalía también solicitó embargos por 1.140 millones de pesos para garantizar la reparación de los daños a las víctimas y la decomisión de los bienes utilizados en la comisión del delito. Santiago Gavazza, dueño de una droguería bahiense, fue absuelto al considerarse que no tuvo responsabilidad en la fabricación del medicamento adulterado.

El caso Yectafer ha sido comparado con el reciente escándalo del fentanilo contaminado, que generó numerosas muertes y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de control de medicamentos en Argentina. El juicio, iniciado en noviembre de 2023, expuso el funcionamiento de una estructura criminal sofisticada, con laboratorios clandestinos y una red de comercialización ilegal que puso en riesgo la salud pública.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 2 de septiembre, cuando comenzarán los alegatos de las defensas. El caso subraya la importancia de fortalecer los controles sobre la producción y comercialización de medicamentos, así como la necesidad de sanciones ejemplares para quienes ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.