El juicio oral y público contra dos policías de Entre Ríos, acusados de abuso sexual a menores bajo tutela estatal, comenzó esta semana en la ciudad de Paraná. El proceso, que se desarrolla en el Superior Tribunal de Justicia, busca esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, cuando dos adolescentes de 13 y 15 años denunciaron haber sido víctimas de abuso en un vagón de tren perteneciente a la Sección Guardia Especial de la Policía, en el predio de la ex Estación de Trenes de la ciudad.

La causa, que inicialmente involucró a siete efectivos, se redujo a dos acusados tras sobreseimientos y juicios abreviados para otros policías por omisión de deberes. Según la acusación, las adolescentes, alojadas en el Hogar Mujercitas bajo protección del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fueron vulneradas en un contexto de resguardo estatal. La querella y la fiscalía sostienen que existen pruebas suficientes, incluyendo los relatos de las víctimas y pericias forenses, para solicitar penas de 13 y 9 años respectivamente para los imputados.

Por su parte, la defensa argumenta que las pruebas técnicas no respaldan la acusación y que existen contradicciones en los testimonios, señalando que "ese hecho de lo que se le está acusando a estas dos personas jamás podría haber ocurrido". Además, destaca que la estrategia no busca cuestionar a las denunciantes, sino la falta de pruebas objetivas.

El juicio, que se espera concluya esta semana con los alegatos y el veredicto, también aborda la responsabilidad civil del Estado por la protección fallida de las menores. Es la primera vez en el país que un proceso penal y civil se resuelven de manera simultánea en un juicio de estas características. El caso ha generado un intenso debate público sobre la actuación policial y la protección estatal de menores en situación de vulnerabilidad, y se aguarda con expectativa la decisión del tribunal, que podría sentar un precedente en la materia.