La planta de Fate, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, cerró sus puertas tras más de 80 años de actividad, dejando a 920 trabajadores sin empleo y generando un fuerte conflicto gremial y político. El cierre, comunicado sorpresivamente durante una parada técnica anual, fue atribuido por la empresa a la imposibilidad de competir con los neumáticos importados, especialmente desde China, tras la reducción de aranceles implementada por el gobierno nacional.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció un lock-out patronal y mantiene una vigilia en la entrada de la fábrica, exigiendo la reapertura y el cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por las autoridades. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso de los empleados, argumentando razones de seguridad y viabilidad económica.

El gobierno de Javier Milei, por su parte, sostiene que la crisis de Fate es consecuencia de años de conflictividad gremial y restricciones cambiarias, y ratifica su política de apertura comercial y reducción de aranceles. "Lamentamos la situación, pero debemos propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos", señalaron fuentes oficiales. Fate, en tanto, condiciona cualquier posibilidad de reabrir la planta a un giro en la política arancelaria, algo que el Ejecutivo descarta de plano.

El cierre de Fate se produce en un contexto de caída del empleo industrial y debate sobre la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso. Según datos oficiales, la industria perdió cerca de 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, mientras que las importaciones de neumáticos desde China aumentaron significativamente, presionando a la producción local.

Vecinos y trabajadores expresan preocupación por el futuro del predio y la seguridad en la zona, mientras el conflicto sigue sin solución a la vista. El caso de Fate reaviva el debate sobre el modelo económico argentino y el futuro de la industria nacional, en medio de tensiones políticas y sociales crecientes.