El Alto Valle y la Patagonia Norte atraviesan una situación crítica por el riesgo extremo de incendios forestales, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional. Ante este escenario, el gobierno de Río Negro decretó la emergencia ígnea por un año, prohibiendo encender fuego al aire libre en todo el territorio provincial y estableciendo severas multas para quienes incumplan la normativa.

La combinación de sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos ha elevado el índice de riesgo a su máximo nivel. Las autoridades provinciales, en coordinación con municipios y organismos nacionales, han reforzado las acciones preventivas y educativas. El Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) y la Secretaría de Ambiente intensifican controles en campings y áreas protegidas, verificando el cumplimiento de las normas y brindando información a residentes y turistas.

Como parte de las medidas, se implementan cortes preventivos de energía eléctrica en zonas de alto riesgo, especialmente en El Bolsón, para evitar que la caída de ramas sobre líneas eléctricas genere nuevos focos ígneos. Además, se han modernizado los sistemas de monitoreo y respuesta, incorporando tecnología, vehículos y equipamiento especializado para el combate del fuego.

El gobernador Alberto Weretilneck lanzó una campaña de concientización, instando a la comunidad a respetar la prohibición de hacer fuego y a denunciar cualquier señal de humo. “El impacto de un incendio forestal es devastador: destruye ecosistemas, afecta la producción, pone en riesgo vidas y compromete el futuro de la provincia. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”, afirmó.

La provincia también obtuvo financiamiento internacional para fortalecer la prevención y coordina acciones con el objetivo de estar mejor preparados ante incendios de gran magnitud. Las autoridades subrayan que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que la colaboración ciudadana es clave para evitar tragedias. El monitoreo diario, la educación ambiental y la responsabilidad social son pilares fundamentales en la estrategia para proteger el territorio y sus habitantes.