El Senado de la Nación Argentina aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, marcando un hito tras más de 25 años de negociaciones. La votación, realizada el 27 de febrero, resultó en 69 votos a favor y solo tres en contra, reflejando un amplio consenso político, aunque no exento de controversias. El tratado, que prevé la eliminación de aranceles en más del 90% del comercio entre ambos bloques, podría entrar en vigor provisionalmente a partir del 1 de mayo, siempre que Brasil y Paraguay completen sus ratificaciones y notifiquen a Bruselas.

El acuerdo involucra a más de 700 millones de habitantes y representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial. Entre los principales beneficios, se espera un incremento significativo en las exportaciones de carne, arroz, miel y soja desde el Mercosur, mientras que productos tecnológicos, farmacéuticos y textiles europeos accederán al mercado sudamericano con menores barreras. Según estimaciones de la Comisión Europea, las exportaciones europeas a América Latina podrían aumentar hasta un 39%.

No obstante, el tratado ha generado preocupación en sectores industriales argentinos. Los senadores justicialistas Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López votaron en contra, argumentando que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y carece de mecanismos sólidos para compensar las asimetrías entre los bloques. López, senadora por Tierra del Fuego, expresó públicamente: “Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”.

El Gobierno argentino, por su parte, celebró la sanción y destacó que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados y generar condiciones favorables para la inversión”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, calificó el tratado como “uno de los acuerdos comerciales más trascendentales de la primera mitad de este siglo”, subrayando su importancia estratégica para Europa.

El acuerdo incluye salvaguardas para productos sensibles y límites a las importaciones, así como la protección de más de 340 productos alimenticios europeos reconocidos como indicaciones geográficas. Sin embargo, la aplicación definitiva depende aún de la aprobación del Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la UE. Mientras tanto, la activación provisional permitirá que los beneficios comerciales comiencen a materializarse, aunque persisten dudas sobre el impacto en el empleo y la estructura productiva argentina. El tema será central en el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias, reflejando la relevancia política y económica del acuerdo para el futuro del país.