El Gobierno de Río Negro, acompañado por la Defensoría del Pueblo, intendentes de cinco municipios y cámaras empresariales, presentó una acción de amparo colectivo ante el Juzgado Federal de General Roca contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. El motivo es el "deplorable estado" de la Ruta Nacional 151, una vía clave que conecta Cipolletti con el límite de La Pampa y es fundamental para la economía, la salud y la educación de la región.

La demanda, admitida por la Justicia, exige la reparación integral y el mantenimiento urgente de 150 kilómetros de la ruta, así como la implementación de campañas informativas para prevenir accidentes y la presentación de informes periódicos sobre los avances de las obras. Según el gobernador Alberto Weretilneck, "agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial. El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país".

El escrito judicial detalla que el mal estado de la ruta obstaculiza servicios esenciales: en lo que va del año, más de 576 traslados sanitarios han dependido de este tramo, y más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas la utilizan diariamente. Además, la situación afecta actividades productivas clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.

La presentación también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, señalando que el 28,58% del impuesto a los combustibles, que por ley debe destinarse al mantenimiento de rutas, ha sido desviado, agravando el deterioro de la infraestructura. El Juzgado Federal de Roca ya requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder y 5 días para la medida cautelar.

El conflicto se produce en un contexto de recorte de fondos estatales y la posible desaparición de Vialidad Nacional, lo que ha generado preocupación entre los firmantes de la demanda. La acción judicial podría sentar un precedente para que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones del Estado central. Mientras tanto, la Nación aún no ha emitido una respuesta pública, pero la Justicia exige una pronta contestación.