La amenaza de cierre de la planta SIAT Tenaris en Valentín Alsina, lanzada por Paolo Rocca, CEO de Techint, ha generado una fuerte controversia en el sector industrial y político argentino. El conflicto se desató en el marco de la licitación para proveer caños al nuevo gasoducto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, un proyecto clave para el futuro energético del país.

Techint, que opera la única fábrica nacional capaz de producir los tubos requeridos, enfrenta la competencia de proveedores internacionales, principalmente de China, cuyos precios resultan hasta un 25% más bajos. La llegada reciente de miles de toneladas de caños chinos para el proyecto encendió las alarmas en la empresa y motivó la advertencia de Rocca: si Techint no resulta adjudicataria, la planta podría cerrar, poniendo en riesgo entre 300 y 400 empleos directos.

El consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y multinacionales como Harbour Energy y Golar LNG, lidera el proceso de licitación. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha reiterado su compromiso con la apertura comercial y la transparencia en las licitaciones, priorizando el precio como factor decisivo. Esta postura ha generado tensiones con Techint, que reclama una política industrial activa para proteger la producción nacional frente a la "competencia desleal" de China.

El impacto de la posible medida trasciende lo económico y afecta el tejido social del conurbano bonaerense, donde la planta está ubicada. Los sindicatos, especialmente la UOM, han iniciado asambleas y advierten que defenderán los puestos de trabajo. El gobierno bonaerense, por su parte, sigue de cerca el conflicto, consciente de las consecuencias políticas y sociales que podría acarrear.

El debate sobre la primarización de la economía argentina y la necesidad de integrar valor industrial nacional se intensifica en este contexto. Mientras Techint denuncia la pérdida de competitividad y la dependencia de insumos importados, otros actores del sector energético y empresarial señalan que la defensa de la industria no debe convertirse en una "extorsión" que afecte la transparencia y la eficiencia de los proyectos estratégicos.

El desenlace de la licitación y la decisión de Techint marcarán un precedente para el futuro de la industria metalúrgica argentina y la política de desarrollo industrial en el país. El conflicto pone en evidencia los desafíos de competir en un mercado globalizado y la necesidad de equilibrar intereses económicos, sociales y estratégicos.