El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha oficializado una reforma migratoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado el 29 de mayo en el Boletín Oficial. Este decreto introduce modificaciones significativas en la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y otros marcos legales, afectando derechos fundamentales de los migrantes en el país.

Entre los cambios más destacados, se endurecen las condiciones para obtener la ciudadanía argentina y se amplían los motivos para la deportación de extranjeros. Ahora, los migrantes deberán demostrar medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales para acceder a la residencia permanente. Además, se reduce la duración de la residencia precaria de 180 a 90 días, sin posibilidad de usarla como prueba de arraigo.

En el ámbito de la salud y la educación, el decreto habilita el cobro de aranceles en universidades públicas y servicios de salud para extranjeros no residentes permanentes. La atención médica gratuita se limitará a emergencias y residentes permanentes, mientras que los estudios de grado en universidades públicas serán gratuitos solo para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Estas medidas han generado preocupación entre las comunidades migrantes, especialmente estudiantes y trabajadores temporales.

El decreto también establece nuevos requisitos para ingresar al país, como la presentación de una declaración jurada y un seguro médico obligatorio. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) obtiene mayores facultades para inspeccionar espacios públicos y privados, lo que incluye la posibilidad de realizar operativos en lugares de trabajo y alojamiento.

El Gobierno justifica estas reformas como una respuesta a los desafíos que plantea el aumento de flujos migratorios hacia Argentina, atribuido a crisis políticas y sociales en países vecinos. Según los considerandos del decreto, estas medidas buscan mejorar la gestión migratoria y proteger la estabilidad social y económica del país.

Sin embargo, organismos de derechos humanos como el CELS han criticado duramente la reforma, calificándola de regresiva y contraria a garantías constitucionales y tratados internacionales. Argumentan que las nuevas disposiciones restringen derechos fundamentales y generan un entorno de hostigamiento para los migrantes.

En el ámbito educativo, universidades como la UBA están evaluando cómo implementar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros. Aunque el Gobierno asegura que estas medidas representan una fuente de financiamiento para las instituciones, expertos advierten sobre su impacto en el acceso a la educación superior.

La reforma migratoria marca un cambio drástico en la política migratoria argentina, con implicaciones profundas para los derechos de los migrantes y la gestión de servicios públicos. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de estas medidas, las críticas de diversos sectores continúan creciendo, anticipando un debate prolongado sobre su implementación y consecuencias futuras.