A veinte años del femicidio de María Florencia Morello, la causa que conmocionó a la ciudad de Santa Fe vuelve a estar en el centro de la atención pública. Florencia, una joven de 21 años que estudiaba arquitectura y trabajaba como moza, fue brutalmente atacada y asesinada en octubre de 2005 cuando se dirigía a su trabajo. El crimen, caracterizado por extrema violencia, dejó profundas marcas en la sociedad y en su familia, que aún espera justicia.

El caso, que nunca logró resolverse, sufrió un nuevo revés: la pérdida de pruebas genéticas clave que podrían haber permitido identificar al responsable. "Lo que más me dolió fue que no me avisaran lo que había pasado, me enteré por un periodista", lamentó Blanca Cuatrín, madre de la víctima, quien denunció la falta de comunicación y el abandono institucional. La investigación, desde sus inicios, estuvo marcada por vacíos, demoras y fallas estructurales. En 2013, un policía fue detenido como sospechoso, pero fue liberado tras un análisis genético negativo, y la causa quedó paralizada.

La desestimación de la causa, ocurrida sin notificación oficial a la familia, generó indignación y llevó a la madre de Florencia a reclamar públicamente la reapertura del expediente. Ante la presión social y mediática, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, se reunió con la familia, pidió disculpas y se comprometió a reactivar la investigación. "La fiscal me prometió que va a reabrir el caso para ver qué pasó", relató Blanca tras el encuentro.

El caso fue elevado a la Cámara de Diputados provincial, donde el diputado Fabián Palo Oliver solicitó informes al Ministerio Público de la Acusación sobre el estado del expediente, los motivos del archivo y las responsabilidades administrativas por la desaparición de pruebas. El reclamo apunta a esclarecer si los funcionarios judiciales actuaron con la debida diligencia o si hubo irregularidades que contribuyeron a la impunidad.

La historia de Florencia Morello, quien había recibido una propuesta laboral en Estados Unidos y soñaba con un futuro mejor, se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad y el abandono estatal frente a los femicidios. La familia espera que la reapertura de la causa permita finalmente identificar a los responsables y obtener justicia, en un contexto de recortes presupuestarios y desmantelamiento de políticas públicas de género que agravan la vulnerabilidad de las víctimas.