El Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea que buscaba clasificar a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo de Cambio Indirecto del Uso de la Tierra” (ILUC), una medida que amenazaba con excluir al biodiésel nacional de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea. Esta decisión fue celebrada ampliamente por el gobierno argentino, la industria aceitera y los gobiernos provinciales, quienes destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado para defender la posición nacional.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre 2018 y 2025 el 97% de las exportaciones de biodiésel argentino tuvieron como destino la Unión Europea, alcanzando el 100% en 2025. De haberse aprobado la normativa, se estimaban pérdidas de hasta 390 millones de dólares anuales en exportaciones y un fuerte impacto en el empleo y la economía de provincias como Santa Fe, que concentra más del 80% de la capacidad instalada del país.

El canciller Pablo Quirno subrayó que “este es el resultado del trabajo en equipo llevado a cabo por Cancillería, la Secretaría de Agricultura, el sector privado y los gobiernos provinciales, que permitió presentar informes técnicos para mostrar con evidencia lo que siempre sostuvimos: la soja argentina es sustentable”. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que “cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”.

El rechazo parlamentario obliga ahora a la Comisión Europea a reescribir la normativa, considerando los argumentos técnicos presentados por Argentina. Entre ellos, se destaca que la producción de soja en el país no implica la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos y que el biodiésel argentino reduce cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al gasóleo fósil.

A pesar del alivio, las autoridades argentinas advierten que la negociación sigue abierta y que será clave asegurar que la nueva normativa europea reconozca las particularidades del sistema productivo nacional. Una delegación argentina viajará próximamente a Bruselas para continuar las gestiones. En paralelo, desde el sector público y privado se impulsa la sanción de una nueva Ley de Biocombustibles para fortalecer el mercado interno y aprovechar la capacidad instalada de la industria nacional.