El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de reservas hídricas en la Argentina. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y respaldada por gobernadores de provincias mineras, busca redefinir el alcance del ambiente periglacial y otorgar mayor autoridad a las provincias en la aprobación de proyectos productivos, especialmente mineros.

El proyecto propone reemplazar el actual esquema de prohibiciones generales por un régimen basado en criterios técnicos y evaluaciones ambientales rigurosas. Según fuentes oficiales, la reforma permitiría destrabar inversiones mineras por hasta US$35.000 millones, principalmente en proyectos de cobre ubicados en la Cordillera de los Andes. "Será una ley aclaratoria de la vigente donde, dentro del marco de protección de los glaciares, se les confiere a las provincias la autoridad sobre la aprobación de proyectos", señalaron desde el Gobierno.

El texto redefine el inventario nacional de glaciares, limitando la protección a aquellos cuerpos de hielo y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas. Además, otorga a las autoridades provinciales un rol central en la evaluación de impacto ambiental y en la actualización del inventario, reforzando el federalismo ambiental.

La propuesta ha generado un fuerte debate. Mientras que sectores mineros y algunos gobiernos provinciales celebran la posibilidad de impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, organizaciones ambientalistas y sociales advierten sobre los riesgos de flexibilizar la protección de reservas de agua. "De aprobarse la reforma se comenzarán a efectuar decenas de explotaciones mineras en búsqueda de cobre y oro entre otros metales", alertaron desde la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

Expertos consultados coinciden en la importancia de encontrar un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación ambiental. El debate parlamentario, previsto para las próximas sesiones extraordinarias, será determinante para el futuro de la protección glaciar en el país. La discusión se da en un contexto de crisis hídrica en varias provincias andinas y de presión por atraer inversiones extranjeras en el sector minero.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 y defendida por la Corte Suprema en 2019, ha sido un pilar en la preservación de reservas estratégicas de agua. La eventual reforma podría marcar un cambio de paradigma en la gestión de los recursos naturales y en la relación entre Nación y provincias.