La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Senado de la Nación la suspensión de embargos y la reducción de multas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco del inminente debate sobre la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. El pedido, que también fue presentado ante el Ministerio de Economía, responde al incremento de sanciones y embargos aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el sector.

Entre las principales demandas, CAME propuso la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares, así como la creación de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados. Además, la entidad sugirió que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” y que, si el contribuyente regulariza su situación en los 15 días posteriores, la multa se reduzca a la mitad.

El reclamo se produce en un contexto de fuerte contracción económica. Según datos de la Fundación Observatorio Pyme, la producción industrial pyme cayó un 9,2% interanual en el primer trimestre de 2026, acumulando 13 trimestres consecutivos de baja. Desde diciembre de 2023, más de 25.000 empresas han cerrado en todo el país, mientras que el 83% de las pymes reporta caída de ventas y el 67% aumento de costos.

En paralelo, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que contempla la suspensión automática de embargos y ejecuciones judiciales, así como planes de pago de hasta 60 cuotas y créditos productivos subsidiados. Monzón fundamentó la iniciativa en la falta de respuestas del Ejecutivo: “El Congreso actúa donde el Gobierno no responde. Embargarle la cuenta a una pyme en crisis es ejecutar una sentencia de muerte”.

El debate legislativo se da en medio de la presión de entidades empresarias y la preocupación por el impacto de las medidas de recaudación sobre el entramado productivo nacional. CAME y otros actores insisten en la necesidad de medidas urgentes para preservar empresas y empleos, mientras el Congreso discute reformas tributarias y alternativas de alivio fiscal.