El reciente conflicto salarial entre la policía de Santa Fe y el gobierno provincial llegó a su fin tras el anuncio de un aumento del 40% en los haberes de las fuerzas de seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro comunicó que ningún policía ni miembro del servicio penitenciario cobrará menos de $1.350.000 mensuales, cifra que se incrementará con adicionales para quienes realicen tareas de calle en ciudades de alta conflictividad, como Rosario, y para conductores de patrulleros.

La medida fue adoptada luego de varios días de protestas y concentraciones, que incluyeron "sirenazos" y manifestaciones en distintas ciudades de la provincia. El conflicto se intensificó tras el suicidio de un efectivo policial en Rosario, lo que puso en primer plano las demandas sobre salud mental y condiciones laborales dentro de la fuerza. Los reclamos incluyeron la necesidad de que el salario básico cubra la canasta básica, la transparencia en la liquidación de adicionales y la mejora de los turnos y descansos.

Pullaro aseguró que el diálogo con los representantes policiales se mantuvo abierto en todo momento y que la seguridad pública estuvo garantizada durante el conflicto. Además del aumento salarial, el gobierno duplicó la Tarjeta Alimentaria Policial, reforzó el gabinete psicológico y amplió los servicios de transporte y alojamiento para los agentes que deben trasladarse largas distancias.

El gobernador destacó la reducción de los índices de violencia en la provincia en los últimos dos años y agradeció el compromiso de la fuerza policial. "Entendemos que fue un reclamo justo y genuino", afirmó Pullaro, quien también subrayó que la provincia hizo el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos.

El conflicto, que puso en evidencia las limitaciones estructurales de la policía para negociar colectivamente, se resolvió con la desconcentración de los manifestantes y la normalización de las actividades. El caso es seguido de cerca a nivel nacional, en un contexto de dificultades económicas para los trabajadores públicos y privados.