La Justicia de Neuquén condenó a 12 exfuncionarios y empleados provinciales por una estafa de más de 1.200 millones de pesos en fondos de planes sociales destinados a personas desempleadas. El fallo, dictado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, impuso penas de hasta cinco años de prisión efectiva para ocho de los acusados y condenas en suspenso para los cuatro restantes. Todos los condenados fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Según la sentencia, los condenados desviaron fondos públicos entre 2021 y 2023, utilizando mecanismos como la extracción de dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito de beneficiarios y el cobro de cheques, para financiar ilegalmente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que gobernó la provincia durante seis décadas. El tribunal consideró agravantes la duración de la maniobra, la cantidad de personas involucradas y el impacto sobre los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la decisión judicial generó controversia. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado habían solicitado penas más severas y la aplicación de la figura de asociación ilícita, al considerar que existió una organización criminal con roles definidos. El tribunal, en cambio, calificó los hechos como administración fraudulenta agravada, lo que limitó las penas posibles a un máximo de seis años. "Siempre postulamos que había una asociación ilícita", sostuvo el fiscal Pablo Vignaroli, quien anticipó que apelarán el fallo.

El gobernador de Neuquén también expresó su descontento por la ausencia de condenas por asociación ilícita. Los jueces defendieron su decisión como "técnicamente fundada" y negaron haber recibido presiones políticas. El proceso judicial, el más largo bajo el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, fue destacado por su celeridad y profundidad, en contraste con casos anteriores marcados por demoras y falta de transparencia.

El caso puso en evidencia deficiencias en el sistema carcelario y la necesidad de reformas institucionales. Mientras la Fiscalía y la Provincia preparan sus apelaciones, la comunidad neuquina manifestó malestar por la magnitud del fraude y la percepción de impunidad. Se espera que la Corte Suprema provincial revise el caso en 2026, lo que podría modificar la calificación legal y las penas impuestas.