El Gobierno nacional pondrá en marcha este martes el Consejo de Mayo, un espacio de diálogo multisectorial destinado a debatir y consensuar reformas estructurales, con la modernización laboral como eje central. La reunión, que se celebrará en la Casa Rosada, contará con la participación de funcionarios, representantes sindicales, empresarios, legisladores y gobernadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su asistencia tras un extenso debate interno, en el que prevaleció la postura de sumarse al diálogo institucional pese a las diferencias con sectores kirchneristas. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, representará al sector sindical en el Consejo. "Será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso", afirmó Martínez, quien llevará reclamos sobre paritarias libres, defensa del derecho de huelga y la situación de los jubilados.

El Consejo de Mayo fue creado tras el Pacto de Mayo firmado en 2024 por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores, con el objetivo de transformar los compromisos asumidos en proyectos legislativos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presidirá el encuentro, que también contará con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de una agenda de reformas y desregulación que ha generado tensiones internas y protestas sindicales.

La senadora Carolina Losada destacó que "las expectativas respecto del Consejo de Mayo son altas porque se espera que los temas debatidos se transformen en políticas públicas". El Gobierno busca avanzar en reformas laboral, tributaria y previsional, aunque reconoce que su aprobación podría postergarse hasta después de las elecciones legislativas.

El contexto es de alta conflictividad social, con movilizaciones sindicales y protestas por despidos y ajuste económico. La CGT, aunque dividida, decidió participar en el Consejo para defender sus demandas y buscar consensos. El Gobierno apuesta a que este espacio proyecte una imagen de gestión proactiva y diálogo institucional, en contraste con la polarización política y el descontento social. El futuro del Consejo dependerá de la capacidad de los actores para alcanzar acuerdos duraderos y transformar los compromisos en leyes efectivas.